Tema 11 esp MO

El tema once habla de la Ley treinta y nueve barra dos mil seis del catorce de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

A nivel internacional, organismos como la organización mundial de la salud, el consejo de Europa y la unión europea han señalado la necesidad de desarrollar sistemas de atención basados en universalidad, calidad y sostenibilidad.

En España, la población mayor de sesenta y cinco años se ha duplicado en las últimas décadas, pasando de tres como tres millones en mil novecientos setenta ósea un nueve como 7 de la población a más de seis como seis millones en 2000, un diez y seis coma seis por ciento, el fenómeno del envejecimiento del envejecimiento ha incrementado el número de personas mayores de ochenta años, quienes presentan mayores tasas de dependencia.

Estudios revelan una clara relación entre la edad y la discapacidad, más del treinta y dos por ciento de personas mayores de sesenta y cinco años tienen alguna discapacidad, mientras que en la población más joven este porcentaje apenas alcanza el cinco por ciento.

Según la encuesta sobre discapacidad de mil novecientos noventa y nueve, el nueve por ciento de la población española presenta alguna discapacidad o limitación que puede generar dependencia en la vida diaria.

Hasta la fecha, el cuidado de las personas dependientes ha recaído principalmente en las familias, con un papel predominante de las mujeres.

La constitución española respalda la atención a personas con discapacidad y personas mayores en sus artículos cuarenta y nueve y cincuenta, promoviendo un sistema de bienestar social y garantizado por los poderes públicos, el estado de bienestar se centraba en sanidad y seguridad social, pero hoy los servicios sociales se han convertido en un cuarto pilar esencial, con protagonismo en las comunidades autónomas y la colaboración del sector no lucrativo, ósea el tercer sector.

La seguridad social ha brindado asistencia parcial mediante pensiones e invalidez, ayudas para tercera persona y prestaciones familiares.

La ley establece un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Saad, que amplía la protección social en España y refuerza el modelo de estado social recogido en la Constitución, este sistema no solo busca garantizar servicios, sino también promover la autonomía personal, calidad de vida e igualdad de oportunidades.

El sistema para la autonomía y atención a la dependencia se basa en tres principios, la universalidad, que es el derecho garantizado para todas las personas en situación de dependencia, la equidad, el acceso a servicios y prestaciones de manera justa e igualatoria, y la accesibilidad, la eliminación de barreras para garantizar una atención efectiva, el sistema se articula en tres niveles de protección, el nivel mínimo garantizado por el estado, el nivel de cooperación entre el estado y las comunidades autónomas y el nivel complementario de las comunidades autónomas.

El modelo de financiación se basará en el número de personas dependientes y en los servicios prestados, garantizando sostenibilidad y corresponsabilidad financiera ente administraciones públicas.

El título preliminar define el objeto de la ley, los principios y establece derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.

Se garantizan derechos como la igualdad de acceso a prestaciones, el respeto a la dignidad, el derecho a la información y confidencialidad, la libre decisión sobre el ingreso en residencias y el acceso a la justicia en casos de internamientos involuntarios.

El título uno, la organización del Saad, regula la colaboración entre administraciones, establece los niveles de protección y el catálogo de prestaciones y servicios, y define los grados de dependencia y los criterios de evaluación.

La participación de las administraciones públicas, el Estado fija el nivel mínimo de protección y financia los servicios, las comunidades autónomas gestionan los servicios y regulan estándares de calidad y las entidades locales participan en la prestación de servicios según la normativa autonómica.

El título dos habla de la calidad y eficacia del sistema, crea un sistema de información sobre dependencia. La formación y cualificación de profesionales y cuidadores, sistemas de información y actuación contra el fraude.

El título tres es el régimen sancionador, establece infracciones y sanciones. Las infracciones leves son los errores administrativos o incumplimientos menores. Las graves son perjuicios directos a personas dependientes o incumplimiento reiterado, y las muy graves son atentados contra la dignidad o integridad de los beneficiarios.

Las sanciones incluyen multas, suspensión de prestaciones, cierre de centros o inhabilitación para gestionar servicios de dependencia.